Esta semana la Comisión de Obras, Seguridad y Planeamiento del Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón (Mar del Plata), integrada por los concejales Katz, Rosso, Laserna, Vargas, Amenábar, Cirese, Maiorano, Baragiola y Beresiarte, realizó una reunión que los vecinos han calificado de vergonzosa. Trataron y aprobaron por unanimidad un dictamen favorable en el expediente 1668/2011, iniciado por el Poder Ejecutivo local, que impulsa una ordenanza para establecer “un régimen promocional hasta el 30 de junio de 2012 aplicable a los distritos urbanos residenciales, centrales, de equipamiento e industriales contemplados en el C.O.T. mediante el cual se incrementan selectivamente los indicadores F.O.T.”.
Como si se tratara de la promoción de una tienda de saldos, autorizan por un año un incremento del 30 por ciento de la superficie construible en varias zonas residenciales de Mar del Plata, atentando contra el derecho constitucional a la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, y contrariando el reclamo ciudadano que desde hace meses se viene expresando en las presentaciones de proyectos, en las redes sociales y en manifestaciones públicas. Lo que indignó a los vecinos es que la reunión oficial de la comisión en la que los concejales firmaron el dictamen no se realizó en la sede del Concejo Deliberante, sino en… el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Mar del Plata.
Los concejales, varios de ellos arquitectos, tal vez se sientan más cómodos en las sillas de esa organización que representa intereses corporativos, y no en las bancas a las que fueron electos por el voto popular. Quien puso la nota fue la concejal Vilma Baragiola, que también es candidata a intendente por el espacio cedido por la UCR a De Narváez, quien fundamentó su voto vía Twitter: “En Mar del Plata la industria de la construcción debe recuperar la previsibilidad y la seguridad jurídica”.
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| Proyecto de torre arriba de Villa Susuky. Imagen de Punto Noticias |
Habría que preguntarle a la concejala si la preservación del patrimonio cultural y el medio ambiente, amparados por la Constitución nacional, la provincial y tratados internacionales suscriptos por la Argentina, no merece de un marco jurídico seguro para su protección. Y si no es, más bien, promover la inseguridad jurídica, la sanción de una ordenanza inconstitucional de carácter “selectivo”, que autoriza en forma “promocional” y temporaria obras que tendrán un impacto permanente en varias zonas de la ciudad.
¿Cuál es la lógica que tiene autorizar obras en una determinada zona por un año? ¿Esas construcciones no tendrán impacto ahora y sí otras que se hagan después de junio de 2012? El proyecto permitirá, según denuncian los vecinos de Alerta Mogotes, “llenar la costa de torres parecidas al Conatus de Sicilia y Trabajadores, y de edificios de cinco pisos en el interior del barrio”, y expresan sus sospechas: “Se ve que el lobby de las cámaras de la construcción tiene tanta urgencia que no les importa el año electoral ni nada de eso, o los candidatos tienen el mismo apuro por juntarse con fondos para la campaña”.
Suspicacia que tal vez explique que se apure una ordenanza totalmente contraria a la norma que suspendió por 90 días la demolición de más de 30 años, que vista en perspectiva parece que fue sólo un amago para calmar a los ciudadanos movilizados, objetivo que no fue logrado.
(Publicado en el diario Página/12 el 16-7-2011).
Escrito por facundodealmeida
Patrimonialistas conversos
Escrito en Arquitectura, Patrimonio arquitectónico, Políticas públicas
Etiquetado con Mar del Plata
Meses atrás describíamos el cinismo de los depredadores marplatenses, expresado en el accionar de sus referentes públicos, como son el intendente Gustavo Pulti y sus concejales adeptos. En aquella oportunidad se mencionó que el Concejo Deliberante local había desprotegido un inmueble con el argumento de que había quedado descontextualizado (teoría de la muela cariada) y por supuesto no se aplicaba el criterio inverso –teoría del colmillo– cuando se trata de aprobar obras en zonas de casas bajas.
Es más, el Código de Ordenamiento Territorial no prevé normas que protegieran el entorno de los edificios patrimoniales y admite la heterogeneidad del tejido, pero luego el Código de Protección Patrimonial exige para la protección su homogeneidad. Es decir, una norma autoriza la destrucción de las condiciones que la otra exige para posibilitar la protección de un bien patrimonial.
También nos referíamos a los reclamos vecinales, que en aquella oportunidad no lograron su objetivo. Sin embargo, no dejaron de hacerse escuchar y ahora sí torcieron el brazo del intendente y sus demoledores ediles, que acaban de disponer la protección de una amplia zona de la ciudad.
La nueva norma sancionada en Mar del Plata aplica dos criterios. El primero es la limitación de la construcción en barrios de casas bajas, con los tradicionales chalets de la ciudad. El segundo es que se suspende la demolición de inmuebles de más de 30 años de antigüedad durante noventa días. Esto último es una versión exagerada y un poco tramposa, por lo breve del plazo, de la permanente norma rosarina que exige una autorización especial para demoler inmuebles de más de 50 años de antigüedad, y que se ha puesto de moda en los proyectos provinciales y municipales luego de su aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, con otro criterio temporal.
El descontrol de la construcción en Mar del Plata fue admitido por el arquitecto José Luis Castorina, a cargo del área de Planeamiento Urbano municipal, quien explicó que el boom de la construcción iniciado en 2002 se produjo entre otras cosas por una política de “promoción” de la comuna, que permitía a quien ocupara menor superficie construir más pisos. En 2003, según los registros de Planeamiento Urbano, se edificaron 34.383 metros cuadrados. En 2005 el número era casi el doble: 61.247 metros. El año pasado los metros construidos marcaron el record de la década: 120.886.
“Comenzaron a notarse distorsiones en algunos barrios y creció la preocupación de los vecinos, que de pronto tenían una torre de cinco pisos al lado de su chalet”, ahondó el sorprendido funcionario, que recién ahora se da cuenta de que las medidas de “emergencia” para enfrentar la crisis, se han llevado puesto buena parte del patrimonio arquitectónico de La Feliz.
Sin dudas, la ecuación “año electoral+reclamo vecinal” ha transformado al intendente Pulti –un demoledor nato– y a sus concejales amigos en unos fervientes defensores del patrimonio arquitectónico. Otra vez más el patrimonio arquitectónico se cuela en la agenda política, y la participación y el reclamo ciudadano transforman a insensibles funcionarios en candorosos defensores del patrimonio cultural.
Por supuesto, los depredadores no se han quedado quietos, y el Consejo Asesor de Inversiones de Desarrollo Urbano –que reafirma una vez más la confusión entre construcción indiscriminada y desarrollo– integrado por todos los lobbistas de turno: el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires DIX, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, la Unión Obrera de la Construcción, la Secretaría de Planeamiento Urbano y el Honorable Concejo Deliberante, enviaron un documento al intendente expresando su preocupación por las medidas de protección patrimonial.
Y vuelven con la cantinela de pretender que lo único que genera empleo y crecimiento del PBI es la construcción nueva –y si es barata y de mala calidad, mejor–, como si la restauración no fuera parte de la industria de la construcción y como si no estuviera demostrado que –más allá del valor simbólico– cada peso invertido en la preservación patrimonial genera un retorno económico más que significativo.
Si tienen dudas, alguien debería acercarles el informe elaborado por la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico (Arespa) –leyeron bien, “empresas”–, que determinó que las actividades de mantenimiento del Patrimonio Histórico en ese país costaron al Estado entre 1200 y 2500 millones de euros, pero han generado ingresos por 50.000 millones, según informó recientemente Alfonso Muñoz, director del Instituto del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. ¿Está claro?
(Publicado en el diario Página/12 el 7-5-2011).
Escrito por facundodealmeida
El cinismo de los depredadores
Escrito en Arquitectura, Patrimonio arquitectónico
Mar del Plata fue una de las ciudades más lindas de la Argentina. En los inicios del siglo XX era el lugar elegido por las familias de mayores recursos para pasar los veranos, y construyeron allí imponentes villas y suntuosas residencias. Los materiales eran traídos de Europa, especialmente de Italia y Francia, y se complementaron con técnicas y materiales locales, entre los que se destacan la piedra Mar del Plata, la madera, las tejas y cerámicas. Este patrimonio arquitectónico fue demolido en gran medida en las últimas décadas y sólo perduran hoy unos 300 inmuebles que fueron declarados como Bienes de Interés Patrimonial en 1995.
La demolición desmedida que transformó para siempre el carácter de la ciudad se agravó en esta última gestión municipal. Esta vez la piqueta, cual guadaña anti patrimonio, amenaza al chalet San José, construido en 1927 por el arquitecto Alula Baldassarini.
La desprotección impulsada por el intendente Gustavo Pulti fue aprobada por el Concejo Deliberante que preside el arquitecto Marcelo Jorge Arquime, a pesar de los reclamos vecinales que una vez más se generalizaron en Internet y se exteriorizaron con una movilización en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Boulevard Marítimo.
Estas demoliciones son graves en sí mismas, pero a la vez develan la hipocresía de los depredadores patrimoniales y sus socios funcionarios. Escuchamos más de una vez el argumento de que era necesario determinar de una buena vez qué debía protegerse y qué no, y así tener reglas claras para conservar y para construir.
Pero en Mar del Plata los depredadores, asociados con el intendente y la mayoría de los concejales, violan esas reglas y no contentos con la demolición de edificios valiosos que no tenían protección, arremeten ahora con los bienes protegidos. La explicación es la misma de siempre: que esas piezas arquitectónicas quedaron fuera de contexto. Pero aquí el cinismo de los enemigos del patrimonio llega al extremo.
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| Villa Lujan quedará cercada por una torre. Imagen 0223. |
El Código de Ordenamiento Territorial no prevé normas que protejan el entorno de los edificios patrimoniales y admite la heterogeneidad del tejido. Pero, por otra parte, el Código de Protección Patrimonial sí exige para la protección que exista esa homogeneidad.
Es decir: una norma autoriza la destrucción de las condiciones que la otra exige para la protección de un bien patrimonial. Por supuesto, nunca aplican la “teoría del colmillo” que esbozamos hace unas semanas, esto es, que debería prohibirse la construcción de edificios en altura en áreas bajas o incluso ordenar su demolición, si no se condice con el entorno.
Estos criterios pondrían en riesgo otras edificaciones como el chalet Rodríguez Echeto, emplazado en la avenida Colón y Catamarca; Villa Carmen en Entre Ríos y Falucho y Villa Rocca en Belgrano e Hipólito Yrigoyen. La desafectación de este último fue frenada por el reclamo ciudadano, del que dio cuenta m² hace dos semanas.
Los ciudadanos denuncian que los depredadores compran casas patrimoniales a un valor menor al de otra parcela de similares características, y luego gestionan la desafectación, algo que automáticamente la valoriza.
¿El reparto de esta plusvalía será la razón oculta que explica la motivación de los concejales y el intendente en impulsar este tipo de medidas antipatrimoniales e impopulares?
Algunos ejemplos
Fuentes
Extraído de varios escritos de Facundo Almeida
Cultura y Patrimonio
